Un pueblo discute su modelo productivo: ¿debate democrático o grieta emocional? 

Durante el gobierno nacional de Mauricio Macri, en marzo de 2018, la Presidencia difundió la firma de un “Proyecto de Acuicultura Nacional” que confirmaba la articulación y el trabajo mancomunado para la promoción del desarrollo de salmoneras en el país entre la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional (AAICI), el Ministerio de Agroindustria de la Nación, Innovation Norway (la agencia gubernamental de promoción de inversiones de Noruega) y el Gobierno de Tierra del Fuego AeIAS ¹. Esta noticia encendió todas las alarmas y la población fueguina comenzó a organizarse en un proceso que se tradujo en la discusión, difusión y participación pública del debate en torno a las salmoneras, situación que, en junio de 2021, se resolvió con la aprobación por unanimidad de la ley provincial 1355 de cultivo y producción de salmónidos. 

La Ley 1355 tiene la característica de ser producto del intercambio de argumentos y la participación abierta y popular, además de ser la primera regulación de la República Argentina que prohíbe la instalación de esta “novedosa” industria acuícola de la salmonicultura en ríos, lagos y mares de la provincia. La legislación reconoce a la pesca artesanal como el modelo de producción vigente, y establece la obligatoriedad de evaluación de su impacto ambiental estratégico y el tope de producción de 50 toneladas por año de los salmónidos predominantes en las aguas fueguinas: las truchas arcoiris, marrón y del arroyo².

En la actualidad, esta ley -que significó una construcción democrática y soberana- continúa sin reglamentación. En un contexto político y económico muy similar al de 2018, en el que la narrativa de “la lluvia de inversiones” y la necesidad de exportar para “adquirir dólares” vuelve a encabezar la discusión política, se pone en cuestión la pertinencia de una de las más recientes y relevantes decisiones populares en relación a los destinos productivos y de protección ambiental de la provincia bajo la caracterización de las posturas de defensa del hábitat como “emocionales”, y por ende “irracionales”³

Ante la presentación de un proyecto de ley por parte del actual legislador de la Libertad Avanza ⁴ (LLA) Agustin Coto, en el que se proponía ampliar sin límites el tonelaje de producción de salmones, el gobierno provincial redobló la apuesta proponiendo que la industria salmonera se instale donde la ley lo prohíbe, es decir, en  lagos, ríos y/o mares con la “cuidadosa” excepción del Canal Beagle (costa de Ushuaia), es decir, proyectándose específicamente sobre las costas de la zona norte de la Provincia (Rio Grande y San Sebastián) ⁵.  

Ambas propuestas están siendo consideradas e incluso defendidas por el gobierno provincial de FORJA, su bloque legislativo, el del PJ y el de la Libertad Avanza en un contexto que muestra más realpolitik que fomento de una re-discusión democrática, sensata y transparente de cara a evaluar las preocupaciones, urgencias e impactos de habilitar un nuevo modelo de producción.  Resultan incomprensibles la ignorancia del origen y contexto de sanción de la norma, y la negación del derecho a la consulta previa, libre e informada a los pueblos originarios Yagan y Selk´nam ⁶, solo por nombrar dos de las maniobras más antidemocráticas. ⁷ 

El rechazo a las salmoneras, justamente, se fundamentó y fundamenta en la protección de la flora y fauna marina, de la pesca artesanal, del derecho al trabajo de calidad, del turismo y de la soberanía alimentaria. Su afirmación implicó la participación ciudadana, el debate democrático, y el posicionamiento e intervenciones de diversas instituciones y sectores sociales que casi ninguna otra legislación local puede ostentar.

La salmonicultura en aguas abiertas es un tipo específico de industria acuícola para el cultivo intensivo de salmones que, en estas latitudes, la conocemos y evaluamos especialmente a partir de la experiencia del país hermano de Chile, donde se desarrolla por parte de empresas transnacionales desde los años 80. La salmonicultura se despliega normalmente en archipiélagos, canales, bahías y/o fiordos a través de la instalación de grandes jaulas marinas, en las que se siembran y crían especies de salmones a gran escala, generando graves impactos ambientales. 

La información e investigaciones científicas disponibles sobre las consecuencias e impacto socio-ambientales de este sistema de jaulas en aguas abiertas es contundente: la presencia y sobrepoblación de peces exóticos en cautiverio, como la constante incorporación de antibióticos y nutrientes para alimentar y prevenir enfermedades en los salmones producidos, indefectiblemente, altera y contamina el ecosistema y afecta  los ciclos naturales de múltiples especies marinas, no sólo de los peces sino también de algas, cetáceos, mamíferos y aves autóctonas. 

Las prácticas industriales, por su parte, afectan el fondo marino y a la pesca artesanal, reduciendo sus posibilidades de sustentabilidad, sin entrar en el detalle de las condiciones y riesgos laborales que ha mostrado este negocio en los países en los que se ha instalado. El salmón tampoco es un alimento base de la dieta local ni nacional, y su producción no prioriza nuestro abastecimiento que, además, podría ser garantizado por la pesca artesanal que, por otra parte, no deja de encontrar obstáculos por parte de estancieros y empresarios que se pretenden dueños de ríos, lagos y costas locales  ⁸. 

Finalmente, la posibilidad de instalación de salmoneras en los mares del sur también impactaría en el desarrollo turístico fueguino, que se caracteriza por la apreciación y disfrute de un entorno natural considerablemente protegido de la intervención humana. 

Sin embargo, no podemos ignorar que, a partir de 2023, la mayoría de la ciudadanía eligió otro camino. Fundamentalmente otra narrativa, en la que, tal como se anticipó en la campaña libertaria, la protección del ambiente, el respeto de los derechos humanos, la vivencia de la democracia y la erradicación de la explotación dejaron de ser demandas legítimas y/o privilegiadas. ¿Será por ello que la estrategia política, discursiva y mediática, de los poderes de turno no discuten sobre la evidencia, sino que, para defender la instalación de la industria salmonera en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, recuperan los tradicionales argumentos a favor del desarrollismo económico (innovación, ampliación, riesgo controlado, apuesta al futuro) apuntando contra la pertinencia de la resistencia y autodeterminación de los pueblos (caracterizados como emocional, fundamentalista y conservadora)? 

Genealogía industrial fueguina 

El triunfo de Javier Milei y la consolidación de sus medidas estructurales de gobierno han llevado a una transformación (y retirada) del Estado nación argentino que aquí, en Tierra del Fuego AeIAS se manifiesta de un modo específico. En la Isla Grande tanto la industria manufacturera, como el turismo, dos de las fuentes privadas de mayor impacto económico, social y cultural, se han desplomado. La industria manufacturera, específicamente, ha sufrido su peor ataque desde la década del noventa a través de las políticas económicas de fomento del libre mercado, la especulación y la baja de aranceles para la importación ⁹.

En este contexto, nos preguntamos ¿no es terrorífico indagar en asuntos de soberanía en medio de semejante crisis laboral y de derechización económica, social y política? ¿Qué sucede cuando se desconocen los mecanismos democráticos ante una narrativa hegemónica, neoliberal y colonialista que estructura los sueños y posibilidades de los pueblos? 

Gran parte de los argumentos a favor de la salmonicultura, que no sólo vienen de la clásica derecha, sino también de compañeros y compañeras con quienes intentamos defender la patria, se sustentan en el reconocimiento de la profunda crisis que atraviesa el sub-régimen de promoción industrial fueguino y en la habilitación de una “transformación” o, en el mejor de los casos, una “ampliación” de la matriz productiva hacia las costas del mar argentino. A quienes decimos “no” nos tildan de irracionales y fundamentalistas. ¿Cómo decirle no a las “lluvias de inversiones”? ¿Cómo decirle no a una potencial fuente de trabajo ante un inminente crack de la industria manufacturera? 

Es en este punto que sugerimos recordar la básica premisa socialista democrática para la defensa y la emancipación de lo social: se trata de corroborar la viabilidad de lo que se propone, sin dejar de insistir en la confrontación de razones representativas e independientes del interés de acumulación de capital, es decir, priorizando la voz de los sectores que defienden tanto su existencia históricamente desconsiderada, como su participación, su trabajo, el ambiente y sus derechos humanos.  

Así, en los términos en lo que interpretamos esta gran discusión política que se está imponiendo en Tierra del Fuego, entendemos que nos encontramos en una disyuntiva muy concreta: o bien defendemos nuestra apuesta ideológica por la democracia y la participación igualitaria, o nos entregamos a las promesas y exigencias que nos propone el actual sistema político-económico con el único objetivo de acumular ganancias y profundizar el capitalismo-extractivista en la provincia.  

No a las salmoneras: ambiente, democracia y socialismo

El ambiente, eso que está allí y que somos, conformandonos en un paisaje único, tan verde como rojo, amarillo, azul o marrón, tan diverso, como brillante y riquísimo, no es un lugar. El ambiente más bien parece ser el modo en que habitamos y nos relacionamos en y con la naturaleza. La defensa de su explotación, o la simple desconsideración de la importancia de la reflexión sobre el ambiente, se basa en una posición filosófica básica y rápidamente identificable: se trata de la idea de que la naturaleza, cuando no todo lo que no sea yo, es un recurso escindido, disponible e infinito para las sociedades, que puede manipularse y  destruirse casi sin consecuencias. Este ideario ha sido fundamental para el desarrollo de la industria extractivista, especialmente en América Latina. Por el contrario, quienes rechazamos el desarrollo de técnicas extensivas e intensivas de producción de productos y alimentos partimos de una perspectiva crítica, tanto de la interacción extractivista con la naturaleza, de  la producción concentrada en pocas manos con el fin de aumentar ganancias, como de la consideración antidemocrática, capitalista, colonialista y patriarcal de que todo lo otro debe ser excluido, consumido, explotado, oprimido… 

Las salmoneras no pueden ser leídas por fuera de su época. De hecho, funcionan muy bien como explicitación de los históricos dispositivos de poder del Norte global que repiten como mantra que el desarrollo argentino sólo puede darse bajo el modelo exportador basado en materias primas, importación de manufacturas y  acumulación de divisas, colonizando el sueño argentino, o lo que es más grave aún, dañando y traumatizando los territorios y pueblos de la Nación. La industria extractivista del salmón propuesta por las naciones extranjeras y las burguesías locales no solo se llevarían las proteínas, sino que -una vez más- saquearían nuestras aguas dulces, contaminarían el suelo, el alimento; se llevarían la energía producida en nuestro territorio, ya que los sistemas de recirculación son devoradores energéticos; nos dejarían suelos inservibles, aguas contaminadas, trabajos precarizados, sociedades violentas, industria que no permitirá que otras crezcan…

El costo de la reconversión industrial no puede recaer sobre quienes viven y trabajan en Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Creemos que el análisis de este caso, pero especialmente la defensa de la Ley 1.355 no es una posición escindida o proteccionista necia, sino un ejercicio activo de soberanía. Proteger la existencia de la Ley 1.355 y exigir su reglamentación, visibilizar las presiones corporativas y demandar a los poderes de turno que respeten la participación y voluntad popular, son hoy algunas de las tareas más urgentes para prevenir la profundización de la desigualdad en el sur del Sur.