Informe de Coyuntura
La situación económica y social que nos deparan las políticas instituidas por el proyecto anarco capitalista de Javier Milei continúan en zona de desastre. Los indicadores económicos referidos al desenvolvimiento de las principales evidencias que afrontan los habitantes de la Argentina siguen mostrando comportamientos desalentadores y ya han transcurrido 9 meses de su mandato constitucional.
La actividad económica mejoró en julio el 1,7% contra junio de este año de la mano del agro y de la minería. Pero las informaciones de todo tipo con respecto a lo acontecido durante agosto indican una nueva caída de la citada actividad. Este dato del INDEC referido al estimador mensual de actividad económica supone que al fin de julio la baja interanual arrojó un valor del 1,3%. En el acumulado de los primeros 7 meses, confrontando este año con el anterior, la caída es del 3,1%. Sin embargo, este número, con ser impactante, no revela la magnitud del deterioro que sigue persistiendo con toda intensidad. Además de que en agosto se ha vuelto a reducir el nivel del desenvolvimiento productivo, el número de un poco más del 3% de caída es engañoso, pues revela que los sectores más representativos y que comprenden el grueso del empleo siguieron cayendo pese al 1,7% de mejora en julio. Así es posible recalcular el valor de los primeros 7 meses de derrumbe económico por cuanto la caída está mitigada por la comparación del desempeño del sector agropecuario que coteja meses de desempeño normal del año 2024 con un lapso anormal afectado por la sequía del 2023. Se estima que esa comparación supone no menos de 2 puntos del porcentual que habría que contabilizar como atenuante de un derrumbe de no menos del 5% del resto de las actividades, en especial industria, construcción y comercio. Estos tres rubros reúnen el accionar de la mayoría de las empresas y las personas en el quehacer económico, y son estas últimas las que realmente marcaron el perfil del desastre productivo en marcha. No por nada la OCDE, que es la coordinadora de la producción de información sobre la gestión económica de Europa, acaba de elevar el pronóstico del crecimiento negativo argentino al 4%. Por lo comentado previamente, esto implica un descenso en torno al 6% experimentado por el conjunto de los sectores de la producción con fuerte incidencia en el ingreso y en el empleo total.
Todos los indicios con respecto a la información de agosto, que anticipan según datos del INDEC un aumento de la población de cerca del 1% de este año con respecto al anterior, la baja del PBI per cápita se acercará al 5%, y estará en torno del 7% para el conjunto de los procesos productivos que cubren más del 90% de la actividad económica urbana y del empleo. En el caso de la construcción, el retroceso es histórico, porque el gobierno interrumpió, por primera vez en la historia de nuestro país, el financiamiento de la obra pública sostenida por el fisco nacional.
Resulta entonces lógico predecir para los próximos meses un comportamiento en serrucho, en el mejor de los casos, pues los cálculos sobre la economía global nacional del Fondo Monetario Internacional, del mismo gobierno en la propuesta de presupuesto 2025, y en el registro mensual que lleva el banco central de la opinión de consultoras e institutos de investigación, son coincidentes en predecir un cierto empeoramiento para el PBI de acá a diciembre.
En síntesis. Se trata del peor año en términos de actividad económica desde el 2020 durante la pandemia, cuando la actividad se derrumbó sensiblemente debido a las restricciones dispuestas por la cuarentena. Para reconocer una merma tan grande en el producto, es preciso remontarse hasta el 2009, cuando la crisis mundial originada en Estados Unidos castigó duramente la economía de los países capitalistas más destacados. La predicción de la baja, otra vez, del accionar de los principales sectores de la producción para el mes de agosto, confirman la presencia de una caída esperable en los últimos 5 meses del año. El miércoles 27 de este mes, FIEL publicó una baja de la industria del 0,7% entre julio y agosto de este año. A la vez, la Unión Industrial Argentina, aunque no dio un número preciso, expresó en un comunicado lo siguiente: “Los datos anticipados de agosto indican una nueva caída interanual y una baja en la comparación mensual, revirtiendo la mejora de julio”. Informes adicionales del sector empresarial dan cuenta de una caída del 7% en los despachos de cemento y las importaciones medidas por el INDEC se derrumbaron en el mes el 10,1%, con especial incidencia en la compra de insumos para la producción.
Como el consumo sigue sin dar noticias favorables, tal cual indican las estadísticas oficiales de las bajas interanuales en julio, tanto en supermercados como en mayoristas, del 12,3% y el 17,1% respectivamente, en julio, mes del supuesto repunte temporal, esto indica un desalentador panorama a futuro, en tanto ni jubilados ni trabajadores activos tienen perspectivas ciertas de recomposición de sus ingresos.
No hay, ni habrá por lo menos en el corto plazo, previsiones de un repunte en el proceso productivo con el natural crecimiento del empleo correspondiente, como predijo el gobierno en sus cálculos iniciales. A lo sumo, en el mejor de los escenarios, parece verificarse una tendencia al estancamiento, con un desempeño global en forma de “L”. Por las predicciones arriba expuestas, sin embargo, todo indicaría que el piso todavía no sostiene el proceso productivo, que tiende a debilitarse en forma persistente. Esta realidad es más alarmante todavía que los datos en sí mismos, pues parecerían indicar una seria dificultad para salir de la crisis productiva que provocó el mismo gobierno a fines del 2023, a poco de asumir.
Los datos sobre el desastre social contenidos en la información que el 26 de septiembre proporcionó el INDEC son reveladores de la profundidad del costo social del proyecto anarco capitalista. Lucen a esta altura totalmente ridículas las expresiones del secretario de finanzas Pablo Quirno celebrando 9 meses consecutivos con superávit financiero, cuando el mismo se ha hecho tal a costa de un profundo daño económico y social a la sociedad argentina, perjuicio ocurrido por un accionar injustificado de la devaluación de diciembre del 2023 y la eliminación de normas sobre vigilancia de precios de artículos de primera necesidad. El despiadado ajuste implantado desde que asumió el nuevo gobierno, “el más importante de la historia mundial” según el presidente Milei, se provocó de profeso cuando todas las predicciones como las del Banco Mundial y el FMI en noviembre de 2023 auguraban una expansión económica del 2,5% para el 2024. Justificativo del feroz ajuste que va a provocar no menos de un 6% de caída en el producto o el ingreso por habitante va a dañar mucho más a los sectores de medios y bajos ingresos porque son los que perciben recursos fijos, no reajustables en forma inmediata frente a la despiadada inflación experimentada entre diciembre de 2023 a agosto del 2024. Quizás el dato más paradigmático del desastre en marcha, luego de los indicadores de pobreza e indigencia, sea el del empleo en la construcción que tornó en desocupados al 25% de la fuerza de trabajo del sector en solo 9 meses producto de la insólita decisión de interrupción de la obra pública.
En lo que respecta al desastre social, los datos del INDEC sobre Pobreza e Indigencia son altamente ilustrativos. Más allá de la hipocresía oficial de que los datos corresponden a decisiones de política económica del gobierno anterior, esta afirmación puede descartarse a poco que recordemos que los organismos internacionales de financiamiento como el Banco Mundial y el F.M.I. preveían en noviembre del 2023, a un mes del cambio de gobierno, que el año 2024 iba a demostrar la capacidad de reacción de la economía argentina después del tropezón del año 2023 básicamente causado por la tremenda sequía que se superó a fines de ese año. Esa reacción prevista por tales instituciones multilaterales consistía en una estimación cercana al 3% en la evolución de la actividad económica de 2024 con respecto a 2023. El mensaje oficial de una supuesta hiperinflación que se transformará en un fuerte retroceso económico y social no estaba, en absoluto, en las estimaciones internacionales más serias. El fuerte derrumbe social, con índices cercanos a los del fatídico 2001, muestra un país socialmente devastado, con un incremento singular del deterioro de las condiciones de vida de la mayoría de la población que habita el país. El 52,9% de pobreza por ingresos es concluyente acerca de los desastrosos efectos de la actual política económica gubernamental que comenzó el nuevo derrotero con la devaluación de más del 110% el día 13 de diciembre pasado. De ahí en más todas han sido penurias en términos de ingresos de la población, sobre todo en los sectores medios y bajos de la pirámide social.
Veamos, finalmente, muy recientes datos de gran impacto negativo sobre el cuerpo social de la sociedad que dejarán huellas imborrables a futuro en los amplios espacios sociales afectados por la política oficial.
El día 26 de este mes, el INDEC dio a conocer la evolución de los índices nacionales de pobreza e indigencia por ingresos correspondientes al primer semestre de 2024. Estos datos no hacen más que confirmar los temores de quienes sienten en carne propia las heridas que está produciendo el ajuste económico puesto en marcha por el nuevo gobierno el 13 de diciembre de 2023, cuando se dispuso una hiperdevaluación del peso en un 118 % sin medidas compensatorias satisfactorias.
En el gráfico adjunto, se observa con claridad cómo evolucionó en el tiempo la situación social en el país luego de la fenomenal crisis de 2001-2002, la cual ya tiene ribetes de gran desastre, como veremos.
En el primer año de la serie de los datos de pobreza de origen oficial, a partir de 2002 bajo el gobierno de Eduardo Duhalde, se aprecia un valor récord de todo el período bajo análisis. Sin embargo, puede reconocerse que, después del fuerte e inédito cimbronazo, la proporción de habitantes pobres en el total de la población comenzó un franco descenso que atravesó las sucesivas presidencias de Néstor Kirchner y Cristina Fernández hasta exhibir su mejor desempeño en todo el lapso bajo estudio, estabilizándose en torno al 26 % en el tramo 2011-2013, durante los tres años en que fue presidenta la Dra. Fernández.
El índice se eleva levemente al 30 % al final del período presidencial de la citada mandataria. Luego, durante el período macrista, el mandato del Ing. Macri se cierra con una tasa de pobreza en torno al 35 % y en franco ascenso, con solo un año en valores similares a la etapa previa, aunque dicho año resultó ocasional y no marcó tendencia. Al asumir el Dr. Alberto Fernández, la tasa de pobreza sufre un fuerte aumento, pasando del 35 % al 42 % del total de la población, debido a los efectos muy negativos de la pandemia y la correspondiente cuarentena, que afectaron el desenvolvimiento normal de la economía argentina. En 2022, con la eliminación de los efectos negativos de la pandemia, el índice de pobreza volvió a reducirse al 36,5 %, en un año sin contingencias especiales desfavorables, lo que podríamos llamar un año «normal» según las condiciones económicas. Sin embargo, este descenso se revirtió al año siguiente.
En 2023, la pobreza trepó nuevamente a más del 41 %, interrumpiendo la senda de descenso debido a que la sequía distorsionó el mercado de alimentos y se sintieron las consecuencias del nuevo acuerdo de crédito con el FMI, contraído por Macri, y las exigencias de este organismo para su paulatina cancelación, lo que supuso una caída del PBI del 1,7 % en ese año. Pero el gran salto fue en este primer semestre, con un incremento sustancial al 52,9 %, es decir, más de 11 puntos porcentuales en solo seis meses. Hacía 20 años que no se producía una caída tan significativa en tan escaso tiempo en la salud social de nuestra población.
En síntesis, la evolución de la pobreza tuvo un signo muy alentador durante la segunda presidencia de la Dra. Fernández, ya que el índice se mantuvo firme en menos de la mitad del valor que alcanzó durante la crisis de 2001. Sin embargo, la economía luego enfrentó serios inconvenientes en su desarrollo, tanto por el posicionamiento neoliberal del Ing. Macri como por factores externos, como la fenomenal sequía de 2023 y el costo del acuerdo firmado con el FMI para gestionar un crédito de monto inédito, tanto en la historia de esa institución como en la historia financiera de nuestro país, lo que trajo consecuencias de neto corte recesivo e inflacionario. El índice del 32 % en 2019 puede considerarse, entonces, un nuevo techo desde el cual se podía retomar una senda descendente. La pandemia destruyó esta posibilidad, aunque en 2022 reapareció un valor cercano a ese techo. El salto en el índice de pobreza registrado en el primer semestre de 2024 es impresionante, sin factores externos que lo hayan provocado; fue, en cambio, consecuencia de la implantación de un innecesario y profundo ajuste económico y social, mediante una devaluación muy elevada, que ha llevado la pobreza a niveles intolerables. Algunos datos desagregados añaden más dramatismo a esta información. Los consignamos a continuación:
La pobreza entre los jubilados sufrió un incremento fenomenal. La tasa pasó de solo el 13,2 % de la población de más de 65 años en el primer semestre de 2023 al 29,7 % de dicho sector, integrado por nuestros adultos mayores, que componen el estrato de los retirados del trabajo activo. Este aumento de más del 100 % en la pobreza de los habitantes incorporados al sistema jubilatorio es evidencia del agudo deterioro social, debido a la política oficial de recortar el ingreso real de los jubilados para financiar el anhelado superávit fiscal. Este amañado superávit fiscal se ha conseguido también con otras medidas que dañan el tejido social, como el cese de la obra pública nacional y el recorte a la educación y al financiamiento a las provincias. En realidad, este superávit solo sirve para enviar señales favorables a la concreción de buenos negocios financieros de especuladores internacionales (Caputo mediante) o grandes inversiones con amplias ventajas impositivas, y no para sostener el nivel de vida de la población.
La desagregación por edad aporta otros datos desoladores. En el caso de los niños, niñas y adolescentes, la pobreza alcanza al 66 % del total de habitantes de dicha franja etaria. Es decir, las capas más jóvenes de la sociedad, en su abrumadora mayoría de dos tercios, están seriamente afectadas en sus condiciones de vida debido al desmedido ajuste en marcha. Se está perjudicando el futuro de nuestra sociedad al privar a las nuevas generaciones de bienes y servicios indispensables para un crecimiento saludable.
Si la información se analiza a nivel geográfico, un dato impactante es el nivel de pobreza en el aglomerado bonaerense del Gran Buenos Aires, donde alcanza nada menos que al 59,7 % de la población allí residente, quienes conviven en un espacio altamente carenciado y lesionado en su desenvolvimiento digno, lo cual es preciso revertir con urgencia.
Finalmente, la indigencia, es decir, el conjunto de habitantes cuyos ingresos no alcanzan para una canasta básica de alimentos y que deben restringir su ingesta diaria, ha llegado a más del 18 %, un porcentaje alarmante y sumamente perjudicial para la población joven, que necesita una alimentación digna para crecer adecuadamente. Es preciso recordar que la indigencia había descendido al 4,7 % en 2012, cuando gobernaba Cristina Kirchner. Prácticamente, los indigentes se duplicaron en solo seis meses. Esta situación es tremenda e indignante. Debería llevar a adoptar de inmediato una decisión estatal de consagrar un estado de emergencia nacional para reducir estos números desoladores e intolerables en el menor plazo posible, financiando una campaña mediante un impuesto a las grandes fortunas, las cuales se han acrecentado sensiblemente en fechas recientes, como indican las estadísticas oficiales del INDEC. Iniciativas de este tipo ya están en marcha en países europeos, como España, y están en estudio en otras latitudes, como Brasil. No se puede aceptar que en un país que produce alimentos para más de 40 millones de habitantes haya tanta hambre y pobreza ni un día más. La sede argentina de UNICEF acaba de informar que un millón de niños en nuestro país se van a dormir sin haber probado un solo alimento. Si el dato del INDEC impacta en el sentido de que casi una persona entre cinco no tiene recursos para simplemente comer todos los días con la mínima dignidad, es urgentísimo adoptar una única y absoluta prioridad: que ningún hogar en el país sea indigente en el menor tiempo posible. Las mentiras oficiales sobre la falta de recursos deben eliminarse ya. Existen recursos suficientes en el país para enfrentar esta afrenta a la vida de nuestros semejantes. Si hay un mínimo de sensibilidad en los actuales gobernantes, que con sus políticas han llevado a más de 25 millones de habitantes a la pobreza y a más de 8 millones a no poder comer todos los días, deberían iniciar hoy mismo una campaña nacional con fondos públicos para eliminar el flagelo del hambre en esos ocho millones de personas. Una primera meta debería ser volver a los índices del último gobierno de Cristina Fernández, con tasas de pobreza que eran la mitad de las actuales y un tercio en cuanto a la indigencia. Y luego, sin pausar el esfuerzo colectivo, enfrentar la infamante pobreza que hoy inunda el país.
Alejandro Rofman es investigador principal del Conicet, con más de cincuenta años de trayectoria en el área de economías regionales, desarrollo local y economía social